Como un desafío al proyecto de realizar un juicio político a la Corte Suprema de Justicia actual, el juez de la Cámara Federal porteña, Eduardo Farah resolvió que la investigación de los funcionarios que, recientemente viajaron a lago Escondido, apropiado ilegalmente por el empresario británico Joe Lewis, quien tiene una mansión al borde del mismo, debe resolverse en los tribunales de Comodoro Py, cuya mayoría de magistrados responden cada vez más a la derechista alianza Juntos por el Cambio.
Bajo este contexto, esta semana defensores del lago fueron reprimidos por los guardias civiles del empresario, quienes, a caballo, replegaron la protesta. Se denunció también que policías dejaron varios lesionados, tanto en los que iban por el camino más directo, como al grupo que llegó atravesando por otros caminos difíciles que fueron golpeados a escasos kilómetros del lago. Es la séptima marcha para recuperar el ingreso al lago, ahora enrejado por Lewis y sus matones en el territorio de la provincia de Río Negro, hasta donde llegaron los manifestantes de unas doce provincias, divididos en tres grupos, convirtiéndose en la mayor manifestación de los últimos años.
Además, la manifestación expuso una situación poco conocida sobre la ocupación extranjera en este territorio. En diciembre de 2011, bajo el gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández, se votó la Ley 26.737, cuyos primeros objetivos se demanda establecer límites a la titularidad de las tierras rurales adquiridas por extranjeros dentro del territorio nacional. Esta investigación demostraba además que de las 266 millones de hectáreas computadas en el Registro Nacional de Tierras Rurales, en 2022 hasta 5.02 dos por ciento era propiedad de extranjeros y de ellos los mayores registros de tierras en manos foráneas estaban en los departamentos rionegrinos de Bariloche, El Bolsón y Lacar.
“Esa extranjerización de tierras, que son riquísimas en recursos naturales, sumaban entre 12 y 13 millones de hectáreas, con otro datos donde advirtiendo que la mayoría de esas tierras se encuentran en zonas limítrofes, en la siguiente escala: Salta, Misiones, San Juan, Corrientes, Mendoza y Catamarca.
En 2015, más del 6% del territorio argentino estaba en manos de extranjeros. Ahora su número sigue aumentando y se prepara un informe con todo lo que se perdió durante los gobiernos de Carlos Menem (1989-1999), peronista que traicionó el programa por el cual fue elegido y de Mauricio Macri (2015-2019) de la llamada “nueva derecha” y ultraderecha de JpC y cada vez la riquísima y extensa Patagonia, va perdiendo territorio y soberanía.