El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, decretó “emergencia hídrica” en el país luego de más de siete meses de sequía y con uno de los embalses de agua dulce que abastecen a 60% de Montevideo y a una zona metropolitana donde reside 60% de la población bajo mínimos. Anunció que exenta de impuestos al agua embotellada y que se controlará su precio al decretar estado de emergencia hídrica.
“Este mecanismo le permitirá al gobierno hacer una obra en treinta días para potabilizar agua en el arroyo San José e inyectarla al sistema de potabilización y distribución del país”.
La última información disponible de Obras Sanitarias del Estado (OSE), la empresa estatal potabilizadora y distribuidora del agua, de hace cinco días atrás es que de los 67 millones de metros cúbicos que tiene el embalse de San Severino, el más grande de Uruguay, ubicado en el Río Santa Lucía, quedaban 3.7 millones de metros cúbicos. El otro embalse que abastece a la capital es el de Canelón Grande, también en escasez de agua.
No obstante, el presidente afirmó en conferencia de prensa el lunes que “el suministro de agua (en el grifo) está asegurado”. Pero advirtió que se está monitoreando la calidad del agua. “No se va a cortar el suministro del agua, lo que puede pasar es que haya un agua de peor calidad” que la actual, aclaró.
El río Santa Lucía, uno de los cursos de agua más importantes de Uruguay, abasteció durante más de 150 años de agua dulce a Montevideo y su zona de influencia hasta los primeros días de mayo de este año. Entonces las autoridades decidieron tomar agua salada del Río de la Plata, lo que duplicó los niveles de sodio y también de cloruros para su desinfección.
Estos niveles y otros como los del trihalometanos o hierro han duplicado los estándares permitidos por la norma uruguaya de agua potable. Además, siguen subiendo según las analíticas dadas a conocer por la Unidad Reguladora de Servicios de Agua y Energía del país.