Marie Collins, víctima de abusos por parte de un sacerdote en su infancia y prominente miembro de la comisión “antipederastia” del Vaticano, anunció este miércoles su renuncia a ese grupo y acusó “falta de colaboración” de algunas oficinas de la curia romana.
Nombrada por el Papa Francisco como integrante de la Comisión Pontificia para la Tutela de los Menores de la sede de la Iglesia católica, desde que fue creada en 2014, presentó su dimisión en un diálogo con el presidente de ese organismo, el cardenal Sean O’Malley, y en una carta dirigida a Francisco.
“El santo padre aceptó la renuncia de la señora Collins con un profundo aprecio al trabajo a favor de las víctimas y sobrevivientes de los abusos de parte de clérigos”, indicó una nota de la comisión.
Además, en su carta al pontífice, Collins “manifestó su frustración por la falta de cooperación con la comisión de parte de otras oficinas de la Curia Romana”.
Aunque la renuncia fue presentada el 13 de febrero pasado, se hizo efectiva este miércoles.
No obstante, O’Malley invitó a la mujer a seguir colaborando con la comisión ocupando algún “rol educativo”, por su “excepcional conocimiento” y “el impacto de su testimonio como sobreviviente”.
Por otro lado, en un comunicado público, la propia Marie Collins sostuvo que se presentaron “algunos escollos” al trabajo de la comisión, creada por el Papa con el objetivo de prevenir y sensibilizar los abusos sexuales contra menores en la Iglesia católica.
Entre estos obstáculos detalló la “falta de recursos”, las “estructuras inadecuadas para el apoyo al personal”, la “lentitud de movimiento” y la “resistencia cultural”.
“El problema más significativo ha sido la renuencia de algunos miembros de la curia del Vaticano a poner en práctica las recomendaciones de la comisión, a pesar de haber sido aprobadas por el Papa”, precisó.
Más adelante acusó a la Congregación para la doctrina de la Fe, la sección del Vaticano encargada de los procesos eclesiásticos contra los curas pederastas, de no implementar un tribunal contra los obispos negligentes y encubridores de estos casos.
Según Collins, esa oficina habría argumentado unas “no especificadas dificultades legales” para no poner en práctica el tribunal, una medida aprobada por el Papa Francisco en junio de 2015 por recomendaciones de la comisión.
Advirtió que algo similar pasó con algunas medidas que debían tomarse contra superiores religiosos negligentes que debían entrar en vigor el pasado 5 de septiembre pero que, hasta ahora, no se sabe si han sido puestas en práctica o no.